La semana pasada, la empresa dedicada a la asesoría en asuntos regulatorios y de gobierno VINCES organizó un interesante desayuno en Madrid que contó con la presencia de Jorge Villarino, exletrado de las Cortes Generales y, en la actualidad, socio y Director de Regulación de ña citada empresa, quien realizó una ponencia de título: “Posible fragmentación del escenario político. Escenarios. Oportunidades”. A continuación extraigo sus principales reflexiones.
En su opinión 2015, como año electoral, es un año de trabajo intenso para los lobistas, y no de esperar a ver. La aparición con fuerza de nuevos partidos en el panorama político hace que se hable ya de fragmentación de las cámaras y del fin de bipartidismo. Sin embargo, a juicio del ponente, la fragmentación no es tan nueva, no en vano hoy en el congreso 13 partidos y 9 grupos parlamentarios. Indica además que ninguno de los pronósticos vaticina una mayoría absoluta, destacando el mérito de partidos como Podemos y Ciudadanos aunque aún esté por definir en qué lugar se situarán finalmente.
La constitución de la mesa del Congreso es aún una incógnita, porque con mayoría simple hay que llegar a acuerdos sobre cada tema con los distintos grupos. Este hecho abre un horizonte mucho más interesante para los lobistas. Aumenta el número de los interlocutores y los partidos regionales o más pequeños adquieren más poder, por lo que conviene tenerlos muy en cuenta. También aumentan las oportunidades regulatorias. Asistimos a uno de los periodos de mayor incertidumbre en todos los aspectos (tiempos, acuerdos, iniciativas, etc.). Por ello, este año 2015, es el año de lanzar ideas. El trabajo de los lobistas es mejor y más bonito en un entorno fragmentado.
Se dice que la innovación es como el sexo, porque se habla mucho más de ella que lo que se practica. Con la transparencia ocurre algo parecido. La semana pasada, la consultora VINCES organizó un desayuno de trabajo sobre la transparencia en las relaciones público – privadas donde se abordaron diferentes iniciativas en esta materia desarrolladas por empresas y administraciones públicas, tanto en España, como en otros países. La conclusión es que se ha avanzado mucho, pero queda todavía mucho trabajo por hacer. La transparencia es la clave de la actividad de lobby, legitima la actividad y otorga mucho más valor a los procesos.
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Muchas empresas, sobre todo las internacionalizadas, están desarrollando códigos de conducta internos para mantener un comportamiento ético armonizado en todos los países donde operan. Las empresas con presencia en países como Reino Unido (mucho más avanzados) lo tienen mucho más fácil, ya que convierten la legislación foránea en buenas prácticas en España. Una de las principales novedades que está incorporando son los sistemas internos de denuncia anónima para evitar problemas de corrupción y falta de transparencia entre sus trabajadores en base a las llamadas “3 dimensiones de la transparencia a nivel empresarial”: la divulgación de información relevante a las partes interesadas, la claridad de los datos y la elaboración detalle y uniforme de los mismos.
Sin embargo, el gran reto es fomentar la cultura de la transparencia, sobre todo a nivel institucional y de gobiernos. A nivel europeo, tanto el Parlamento como la Comisión están trabajando por fomentar la transparencia fiscal de los Estados con sus empresas e incluso la transparencia sobre beneficios e impuestos pagados por cada empresa en cada país donde opera. Pero, ¿cómo estamos en España? El gobierno aprobó la llamada Ley de transparencia en 2013 que obliga, por ejemplo, a que las organizaciones sindicales y empresariales publiquen en sus páginas web determinada información institucional, organizativa y de planificación, así como información económica, presupuestaria y estadística, incluyendo todos los convenios, subvenciones y ayudas públicas recibidas.
En lo que respecta al sector agroalimentario, basta con un simple paseo por las páginas webs institucionales de las diferentes asociaciones para comprobar que el grado de cumplimiento de estas obligaciones es aún muy bajo. ¿Podemos entonces exigir a la administración que mejore su transparencia? Es más, existen asociaciones en nuestro sector que ni siquiera publican las empresas o colectivos que forman parte de la misma. ¿Debería en este caso la administración abrirle sus puertas o debería ésta exigir unos mínimos de transparencia para hacerlo?