La ONG Veterinarios Sin Fronteras está ultimando un estudio sobre los criterios utilizados por las administraciones públicas españolas para la compra pública de alimentos. Son muchos los organismos que diariamente han de comprar alimentos porque realicen algún tipo de restauración colectiva. Ministerios, consejerías y organismos dependientes de las Comunidades Autónomas, diputaciones provinciales, municipios y entidades locales, empresas públicas, hospitales, guarderías, escuelas de educación básica, centros de educación superior, cárceles, fuerzas armadas, etc., forman un gran conglomerado de 10.000 compradores de alimentos en España que hacen compras por valor de 2.500 millones de euros anuales. Los principales compradores son la educación básica (57%), el sistema hospitalario (25%) y la educación superior (13%). 

Fuente: Veterinarios Sin Fronteras

Salvo raras excepciones, los pliegos de condiciones con los que las Administraciones Públicas contratan el suministro diario de alimentos no incluyen criterios que prioricen la compra de productos locales y/o de proximidad producidos por agricultores y ganaderos de la zona. Se deja escapar por tanto una oportunidad inigualable de apoyar diariamente a un sector agrario estratégico para todo un país e imprescindible en algunas zonas rurales con escasas alternativas. Tan sólo un más que discreto 15% de las mismas se realizan directamente a agricultores, ganaderos y cooperativas. El 70% de dichas compras realizan a empresas mayoristas y el 15% restante a través de otros canales como autoservicio, el supermercado o las tiendas detallistas. Además, las cocinas y los cocineros están desapareciendo de las Escuelas, de manera que los centros están prácticamente obligados a recurrir a empresas de catering para el suministro de alimentos. La preocupación por el origen y la calidad de estos productos está creciendo entre los consumidores, especialmente entre las asociaciones de madres y padres más interesadas cada día por la alimentación que reciben sus hijos.

Aunque pueda parecer complicado, mediante pequeñas modificaciones de los pliegos se pueden conseguir grandes resultados. Bastaría con incluir en los propios pliegos de compras públicas de alimentos, respetando en todo momento la legítima y libre competencia, una serie de criterios de priorización o valoración positiva hacia aquellas propuestas que incluyan un mayor porcentaje de productos frescos, de temporada, e incluso, adquiridos en lugares próximos estableciéndose, como hizo en su día la Junta de Andalucía, criterios de priorización en base a los kilómetros recorridos por el producto, desde el lugar de compra al de consumo. La apuesta por las Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs), las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGPs) de la zona o los propios productos ecológicos son otras vías para lograr el mismo objetivo. Las Administraciones Públicas pueden por tanto fomentar el consumo de productos de proximidad sin gastar un solo euro, contribuyendo además a la mejora de la rentabilidad de los agricultores y al desarrollo y conservación de las zonas rurales.