El Instituto Cerdá ha hecho público los resultados de un magnífico estudio monográfico que ha realizado para el Ministerio de Agricultura sobre los alimentos caducados. Entre sus principales conclusiones señala que el 82,2% de los distribuidores tiene que retirar de sus estanterías productos por fechas de caducidad siendo el porcentaje medio de productos que tienen del 5,6%. Para evitar tirar los alimentos caducados, las principales medidas que tienen implementadas los distribuidores son el control informático del stock (40,6%), la devolución al fabricante (24,2%) y la sustitución por parte del fabricante por otros en buen estado (22,9%). El 20,5% de los distribuidores acostumbra a entregar a algún banco de alimentos o a alguna ONG estos alimentos caducados. El 87,0% de los distribuidores revisa personalmente las estanterías y un 27,7% tiene controles informáticos.
Por su parte, el 85,5% de los consumidores españoles consulta siempre la fecha de caducidad de los productos de alimentación, mientras que tan sólo un 12,3% la consulta a veces y un 2,2% no la mira nunca. Los mayores de 55 años consultan las fechas de caducidad con menor frecuencia que el resto. Los productos en los que más se consultan las fechas de caducidad son los lácteos (42,1%) y los frescos: carnes, pescados, etc. (24,5%). El 77,2% acostumbra a revisar siempre las fechas de caducidad de los productos que tienen. Cuando encuentran en su despensa o frigorífico un producto caducado, el 59,2% lo tira, un 20,7%, si no ha pasado mucho tiempo desde que ha cumplido la fecha de caducidad, lo consume y el 19,5% dependiendo el tipo de producto, opta por tirarlo o consumirlo.
Los productos que más se consumen aunque hayan caducado son los yogures y los que menos los productos frescos (carnes, pescados, frutas, etc): 57,7%. Un 12,1% manifiesta aprovechar más los alimentos caducados que antes y un 13,7% reutiliza más algunos productos como el aceite cuando antes no lo hacía. Un 41,3% manifiesta haber disminuido la cantidad de alimentos que tira a la basura. El 64,7% de los consumidores conoce la diferencia entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Un 40,0% cree las empresas de la distribución tiran los alimentos caducados, un 15,7% piensa que cambian las fechas, un 15,1% afirman que los donan a ONG’s, comedores sociales, etc. y un 9,6% opina que los devuelven al fabricante. El 75,1% de los consumidores considera acertada la idea planteada en el Parlamento Europeo de ampliar la fecha de caducidad de algunos productos alimenticios para reducir el número de toneladas de alimentos en buen estado que se desperdician cada año. El debate sobre el desperdicio de los alimentos parece que continuará en 2013. Exige cambio de comportamientos. Hasta entonces, ¡Feliz Navidad!
Esta misma mañana, el prestigioso cocinero agradecía a los agricultores y ganaderos el premio de la Fundación de Estudios Rurales que reconocía su defensa de la agricultura, dándoles las gracias por y desarrollar de forma creativa sus platos y recetas por todo el mundo.
Desgraciadamente, al contrario de lo que ocurre en otros países, escuchar este tipo de declaraciones sanos, seguros y de calidad por parte de personas no relacionadas directamente con el sector agrario, son bastante poco frecuentes. Parece como si la agricultura y todo lo que la rodea, fuera poco a poco cayendo en el olvido de todos nosotros y alejándose cada vez más de nuestra vida cotidiana. Nada más lejos de la realidad.
todos los días del año, a pocos metros de casa o a golpe de un simple click y a precios normalmente razonables. La importancia de la agricultura como sector estratégico en España y en Europa no debería desaparecer, ni de los grandes discursos, ni de la agenda política. Tampoco de nuestras mentes.
La ONG Veterinarios Sin Fronteras está ultimando un estudio sobre los criterios utilizados por las administraciones públicas españolas para la compra pública de alimentos. Son muchos los organismos que diariamente han de comprar alimentos porque realicen algún tipo de restauración colectiva. Ministerios, consejerías y organismos dependientes de las Comunidades Autónomas, diputaciones provinciales, municipios y entidades locales, empresas públicas, hospitales, guarderías, escuelas de educación básica, centros de educación superior, cárceles, fuerzas armadas, etc., forman un gran conglomerado de 10.000 compradores de alimentos en España que hacen compras por valor de 2.500 millones de euros anuales. Los principales compradores son la educación básica (57%), el sistema hospitalario (25%) y la educación superior (13%).
Fuente: Veterinarios Sin Fronteras
Salvo raras excepciones, los pliegos de condiciones con los que las Administraciones Públicas contratan el suministro diario de alimentos no incluyen criterios que prioricen la compra de productos locales y/o de proximidad producidos por agricultores y ganaderos de la zona. Se deja escapar por tanto una oportunidad inigualable de apoyar diariamente a un sector agrario estratégico para todo un país e imprescindible en algunas zonas rurales con escasas alternativas. Tan sólo un más que discreto 15% de las mismas se realizan directamente a agricultores, ganaderos y cooperativas. El 70% de dichas compras realizan a empresas mayoristas y el 15% restante a través de otros canales como autoservicio, el supermercado o las tiendas detallistas. Además, las cocinas y los cocineros están desapareciendo de las Escuelas, de manera que los centros están prácticamente obligados a recurrir a empresas de catering para el suministro de alimentos. La preocupación por el origen y la calidad de estos productos está creciendo entre los consumidores, especialmente entre las asociaciones de madres y padres más interesadas cada día por la alimentación que reciben sus hijos.
Aunque pueda parecer complicado, mediante pequeñas modificaciones de los pliegos se pueden conseguir grandes resultados. Bastaría con incluir en los propios pliegos de compras públicas de alimentos, respetando en todo momento la legítima y libre competencia, una serie de criterios de priorización o valoración positiva hacia aquellas propuestas que incluyan un mayor porcentaje de productos frescos, de temporada, e incluso, adquiridos en lugares próximos estableciéndose, como hizo en su día la Junta de Andalucía, criterios de priorización en base a los kilómetros recorridos por el producto, desde el lugar de compra al de consumo. La apuesta por las Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs), las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGPs) de la zona o los propios productos ecológicos son otras vías para lograr el mismo objetivo. Las Administraciones Públicas pueden por tanto fomentar el consumo de productos de proximidad sin gastar un solo euro, contribuyendo además a la mejora de la rentabilidad de los agricultores y al desarrollo y conservación de las zonas rurales.