Sin Agricultura Nada

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el proyecto de Ley de representatividad del sector agrario y de creación del consejo asesor agrario, que pretende regular el procedimiento de consulta para determinar la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) en el ámbito estatal. Tal y como ha trascendido, la consulta se verificará mediante voto personal, directo, secreto y de forma presencial, ya sean personas físicas o jurídicas. Habrá una mesa de consulta en cada capital de provincia y tantas mesas comarcales como sean necesarias según ha manifestado el gobierno. Se amplía el censo de votantes a todos los profesionales de la agricultura, el cual será elaborado previamente. El Proyecto de Ley deroga la Ley de 2009 sobre los órganos consultivos en el ámbito agroalimentario.

Según se ha anunciado, serán consideradas organizaciones profesionales agrarias representativas de ámbito estatal, aquellas que obtengan, al menos, un 15% de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y, al menos, un 5% en seis Comunidades Autónomas. La distribución de los representantes en el órgano consultivo de futura creación será proporcional a los votos obtenidos. La consulta se celebrará cada 5 años y servirá para determinar la composición del Consejo Agrario, que sustituirá al actual Comité Asesor Agrario y que estará compuesto por 10 consejeros nombrados por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que ostentará la presidencia del mismo. 

Parece que el Ministro Arias Cañete sigue adelante con su idea de medir la representación de las OPAs en el campo a nivel estatal. Son muchas las dudas que surgen al analizar la información recogida por los medios. ¿Puede una mera consulta (no son elecciones) de estas características servir para medir legalmente la representatividad de OPAs? ¿Cómo se elaborará el censo de votantes? ¿Cómo se podrán simultanear votos de personas físicas con votos de personas jurídicas? ¿Hay dotación presupuestaria suficiente para la elaboración de la consulta? El gasto de concurrencia a estas elecciones supondrá sin duda un esfuerzo económico para las OPAs ¿hay presupuesto suficiente para ellas? ¿Será el mismo para todas? Además, supondrá una dedicación casi exclusiva de sus dirigentes y trabajadores durante proceso electoral (o de consulta) ¿cómo afectará a los trabajos que están desarrollando en numerosos ámbitos de la cadena agroalimentaria y del sector primario? Y la más importante para mí, ¿tiene el Ministerio un plan de futuro que garantice la continuidad y estabilidad de las OPAs y de la importante labor que llevan años realizando después de la consulta?