Salimos de un año 2014 marcado por los cambios en Europa tras las elecciones al Parlamento Europeo del pasado mes de mayo y la nueva Comisión, que ya funciona a pleno rendimiento. Y nos metemos de lleno en un 2015 donde los diferentes procesos electorales marcarán la agenda política. A las ya anunciadas elecciones en Andalucía convocadas para el próximo 22 de Marzo, hay que sumar las municipales y las autonómicas de primavera, las catalanas de Septiembre y, presumiblemente, las generales de finales de año. Además, el panorama político en España con el auge de nuevos partidos y la situación específica de las diferentes Comunidades Autónomas, hace muy difícil predecir cuál será la representación institucional el año que viene por estas fechas.

El sector agroalimentario afronta un 2015 con nuevos retos. Las organizaciones de los distintos eslabones tenemos el deber de acordar definitivamente el código de buenas prácticas comerciales que prevé la Ley de la Cadena Alimentaria. Las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias, la FIAB y las asociaciones de la distribución llevamos meses negociando el texto que deberá ser presentado en los próximos meses. Mientras, el sector productor arranca el primer año de aplicación de la nueva PAC, marcado en el corto plazo por la eliminación de las cuotas lácteas previsto para el 31 de Marzo. Año que ha comenzado además con una bajada de los precios del petróleo (que debería trasladarse al de los inputs). Noticia que ha caído en el campo como un regalo del cielo.

Por su parte, el sector de la distribución y el gran consumo encaran este nuevo año con la ilusión de que, al contrario que 2014, este sí sea el año definitivo de la recuperación del consumo alimentario. Mientras que se desarrolla este año ultra-electoral en España que seguramente conlleve más debate político que iniciativas de fondo, en Europa está ya toda la maquinaria en marcha y, poco a poco, van apareciendo encima de la mesa temas de gran importancia para nuestro sector, que no debemos perder de vista. Teniendo en cuenta este contexto político, pienso que 2015 debe ser el año en el que las organizaciones de la cadena agroalimentaria consolidemos una nueva forma de trabajar por los intereses comunes de nuestro sector en Europa, un nuevo enfoque cuyas bases fueron ya establecidas durante el pasado año.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el proyecto de Ley de representatividad del sector agrario y de creación del consejo asesor agrario, que pretende regular el procedimiento de consulta para determinar la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) en el ámbito estatal. Tal y como ha trascendido, la consulta se verificará mediante voto personal, directo, secreto y de forma presencial, ya sean personas físicas o jurídicas. Habrá una mesa de consulta en cada capital de provincia y tantas mesas comarcales como sean necesarias según ha manifestado el gobierno. Se amplía el censo de votantes a todos los profesionales de la agricultura, el cual será elaborado previamente. El Proyecto de Ley deroga la Ley de 2009 sobre los órganos consultivos en el ámbito agroalimentario.

Según se ha anunciado, serán consideradas organizaciones profesionales agrarias representativas de ámbito estatal, aquellas que obtengan, al menos, un 15% de los votos válidos emitidos en la consulta en todo el Estado y, al menos, un 5% en seis Comunidades Autónomas. La distribución de los representantes en el órgano consultivo de futura creación será proporcional a los votos obtenidos. La consulta se celebrará cada 5 años y servirá para determinar la composición del Consejo Agrario, que sustituirá al actual Comité Asesor Agrario y que estará compuesto por 10 consejeros nombrados por el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que ostentará la presidencia del mismo. 

Parece que el Ministro Arias Cañete sigue adelante con su idea de medir la representación de las OPAs en el campo a nivel estatal. Son muchas las dudas que surgen al analizar la información recogida por los medios. ¿Puede una mera consulta (no son elecciones) de estas características servir para medir legalmente la representatividad de OPAs? ¿Cómo se elaborará el censo de votantes? ¿Cómo se podrán simultanear votos de personas físicas con votos de personas jurídicas? ¿Hay dotación presupuestaria suficiente para la elaboración de la consulta? El gasto de concurrencia a estas elecciones supondrá sin duda un esfuerzo económico para las OPAs ¿hay presupuesto suficiente para ellas? ¿Será el mismo para todas? Además, supondrá una dedicación casi exclusiva de sus dirigentes y trabajadores durante proceso electoral (o de consulta) ¿cómo afectará a los trabajos que están desarrollando en numerosos ámbitos de la cadena agroalimentaria y del sector primario? Y la más importante para mí, ¿tiene el Ministerio un plan de futuro que garantice la continuidad y estabilidad de las OPAs y de la importante labor que llevan años realizando después de la consulta?