El líder de Convergencia i Unió (CiU), Durán i Lleida, afirmaba esta semana textualmente que “mientras un payés (agricultor catalán) tiene que dejar alguna fruta en el árbol porque no la puede coger y no le sale a cuenta cogerla por el precio que le pagan, en otros sitios de España, reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo”. Un análisis simplista de la problemática agraria influenciado con un posicionamiento político concreto en el que además confunde agricultores con trabajadores asalariados del campo. El daño que hacen estas manifestaciones a la imagen y legitimación de la actividad agraria en toda la sociedad es gravísimo. Se ofrece a la sociedad una imagen de los agricultores y de la actividad que realizan totalmente distorsionada y equivocada.
El asunto de las ayudas o subsidios agrarios es un tema que merece un debate profundo y sosegado, al que nada ayudan este tipo de declaraciones polémicas. A este tema se ha referido también recientemente el presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, quien afirmaba que el futuro de la agricultura pasa por mejorar los precios en origen de los productos agrarios y no por los subsidios. Una forma muy distinta de abordar el mismo problema. Mientras, en el Ministerio de Medio Ambiente tuvo lugar una conferencia sobre la sostenibilidad ambiental de la cadena alimentaria donde se analizó la necesidad de responder al reto de la producción sostenible en todas las fases de la cadena con el objetivo de satisfacer las nuevas demandas de los consumidores.
Dichas demandas han ido evolucionando con el paso de los años. Una vez asegurado el acceso y el suministro continuo de alimentos (uno de los principales objetivos originarios de la Política Agraria Común), las preocupaciones de los consumidores han ido incorporando aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, la calidad de los productos, la conservación del medio rural y el paisaje, el respeto al medio ambiente e incluso las condiciones laborales de las personas que intervienen en el conjunto de la cadena. Ahora, demandamos además a los distintos operadores de la cadena, entre los que se encuentran los agricultores, que empleen medios de producción sostenibles que eviten la sobreexplotación de los recursos, que incluyan mecanismos de gestión de los residuos para evitar la contaminación y que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en todas sus actividades y operaciones reduciendo así su huella de carbono. Pero, ¿estamos realmente dispuestos los consumidores a pagar por todas estas nuevas demandas? Si es así, sólo existen dos vías, los precios o las ayudas. Debatamos sobre la fórmula más conveniente de hacerlo pero pensemos detenidamente sobre las estrategias de comunicación, y no dañemos para ello la imagen de la agricultura. Recordemos que, “Sin agricultura, nada”.
El líder de Convergencia i Unió (CiU), Durán i Lleida, afirmaba esta semana textualmente que “mientras un payés (agricultor catalán) tiene que dejar alguna fruta en el árbol porque no la puede coger y no le sale a cuenta cogerla por el precio que le pagan, en otros sitios de España, reciben un PER para pasar una mañana o toda la jornada en el bar del pueblo”. Un análisis simplista de la problemática agraria influenciado con un posicionamiento político concreto en el que además confunde agricultores con trabajadores asalariados del campo. El daño que hacen estas manifestaciones a la imagen y legitimación de la actividad agraria en toda la sociedad es gravísimo. Se ofrece a la sociedad una imagen de los agricultores y de la actividad que realizan totalmente distorsionada y equivocada.
El asunto de las ayudas o subsidios agrarios es un tema que merece un debate profundo y sosegado, al que nada ayudan este tipo de declaraciones polémicas. A este tema se ha referido también recientemente el presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, quien afirmaba que el futuro de la agricultura pasa por mejorar los precios en origen de los productos agrarios y no por los subsidios. Una forma muy distinta de abordar el mismo problema. Mientras, en el Ministerio de Medio Ambiente tuvo lugar una conferencia sobre la sostenibilidad ambiental de la cadena alimentaria donde se analizó la necesidad de responder al reto de la producción sostenible en todas las fases de la cadena con el objetivo de satisfacer las nuevas demandas de los consumidores.
Dichas demandas han ido evolucionando con el paso de los años. Una vez asegurado el acceso y el suministro continuo de alimentos (uno de los principales objetivos originarios de la Política Agraria Común), las preocupaciones de los consumidores han ido incorporando aspectos relacionados con la seguridad alimentaria, la calidad de los productos, la conservación del medio rural y el paisaje, el respeto al medio ambiente e incluso las condiciones laborales de las personas que intervienen en el conjunto de la cadena. Ahora, demandamos además a los distintos operadores de la cadena, entre los que se encuentran los agricultores, que empleen medios de producción sostenibles que eviten la sobreexplotación de los recursos, que incluyan mecanismos de gestión de los residuos para evitar la contaminación y que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero en todas sus actividades y operaciones reduciendo así su huella de carbono. Pero, ¿estamos realmente dispuestos los consumidores a pagar por todas estas nuevas demandas? Si es así, sólo existen dos vías, los precios o las ayudas. Debatamos sobre la fórmula más conveniente de hacerlo pero pensemos detenidamente sobre las estrategias de comunicación, y no dañemos para ello la imagen de la agricultura. Recordemos que, “Sin agricultura, nada”.