La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó la semana pasada el último de sus ya famosos estudios donde analizan la calidad de determinados alimentos incluyendo un ranking comparado donde quedan reflejadas distintas marcas y fabricantes. Tras los estudios sobre la leche y el aceite, esta vez les ha tocado a las hamburguesas. La alarma surgida en Irlanda por la presencia de carne de caballo en hamburguesas ha motivado el estudio. En dicho estudio realizado sobre 20 marcas de hamburguesa diferentes se han analizado el etiquetado, el contenido en sulfitos, la presencia de aditivos, la calidad nutricional, la calidad de la carne y la higiene. De las 20 analizadas, sólo 4 pasan el examen según la OCU, habiéndose detectado deficiencias principalmente en el etiquetado. Ninguna de ellas supone ningún riesgo para la salud ni se han detectado fraudes.
A través de la prensa se están enviando mensajes poco claros al consumidor y eso resulta un problema. Por ejemplo, las noticias demonizan la carne de caballo por el hecho de aparecer en las hamburguesas cuando se trata de un carne muy preciada y de alta calidad. El estudio alerta de una disminución progresiva de la calidad de los productos para tratar de adaptar sus precios de venta al público a la situación de crisis económica actual. Según Ileana Izverniceanu, portavoz de la organización, las distribuidoras están apretando tanto los precios, que llega un momento en que la calidad se resiente. Estos aprietan a los intermediarios, y lo intermediarios a sus proveedores. En algunos sectores, el funcionamiento de la cadena es tan tenso que muchos de sus operadores están produciendo por debajo de costes e incluso teniendo que desaparecer.
En cualquier caso, lo más preocupante de todo este asunto es la sensación de desconfianza que se genera en el consumidor, al que se confunde con mensajes contradictorios a través de la prensa. La cadena agroalimentaria actual, tal y como está conformada, genera una situación de lejanía entre el origen del producto y el consumidor que facilita que crezcan los niveles de desconfianza cuando surgen este tipo de alarmas sociales. Este hecho supone una oportunidad clara de mercado para los productos locales y de proximidad. Los consumidores, ante estas situaciones, reaccionan queriendo conocer el origen y los procesos de transformación de los productos que compran. De ahí que las iniciativas ligadas a los canales cortos de comercialización estén creciendo de forma notable en los últimos tiempos. Sobre todo aquellas que consiguen enseñar todo el proceso de producción de los alimentos a los consumidores permitiendo la comprobación in situ en las propias granjas e industrias de transformación. Lo que parece claro es que se debe trabajar por acercar a agricultores y consumidores a través de un funcionamiento mucho más transparente y organizado del conjunto de la cadena. Cuanto más conozca el consumidor sobre el funcionamiento de la cadena y de sus procesos más confianza tendrá en los productos que compra y más pagará por ellos.
La ONG Veterinarios Sin Fronteras está ultimando un estudio sobre los criterios utilizados por las administraciones públicas españolas para la compra pública de alimentos. Son muchos los organismos que diariamente han de comprar alimentos porque realicen algún tipo de restauración colectiva. Ministerios, consejerías y organismos dependientes de las Comunidades Autónomas, diputaciones provinciales, municipios y entidades locales, empresas públicas, hospitales, guarderías, escuelas de educación básica, centros de educación superior, cárceles, fuerzas armadas, etc., forman un gran conglomerado de 10.000 compradores de alimentos en España que hacen compras por valor de 2.500 millones de euros anuales. Los principales compradores son la educación básica (57%), el sistema hospitalario (25%) y la educación superior (13%).
Fuente: Veterinarios Sin Fronteras
Salvo raras excepciones, los pliegos de condiciones con los que las Administraciones Públicas contratan el suministro diario de alimentos no incluyen criterios que prioricen la compra de productos locales y/o de proximidad producidos por agricultores y ganaderos de la zona. Se deja escapar por tanto una oportunidad inigualable de apoyar diariamente a un sector agrario estratégico para todo un país e imprescindible en algunas zonas rurales con escasas alternativas. Tan sólo un más que discreto 15% de las mismas se realizan directamente a agricultores, ganaderos y cooperativas. El 70% de dichas compras realizan a empresas mayoristas y el 15% restante a través de otros canales como autoservicio, el supermercado o las tiendas detallistas. Además, las cocinas y los cocineros están desapareciendo de las Escuelas, de manera que los centros están prácticamente obligados a recurrir a empresas de catering para el suministro de alimentos. La preocupación por el origen y la calidad de estos productos está creciendo entre los consumidores, especialmente entre las asociaciones de madres y padres más interesadas cada día por la alimentación que reciben sus hijos.
Aunque pueda parecer complicado, mediante pequeñas modificaciones de los pliegos se pueden conseguir grandes resultados. Bastaría con incluir en los propios pliegos de compras públicas de alimentos, respetando en todo momento la legítima y libre competencia, una serie de criterios de priorización o valoración positiva hacia aquellas propuestas que incluyan un mayor porcentaje de productos frescos, de temporada, e incluso, adquiridos en lugares próximos estableciéndose, como hizo en su día la Junta de Andalucía, criterios de priorización en base a los kilómetros recorridos por el producto, desde el lugar de compra al de consumo. La apuesta por las Denominaciones de Origen Protegidas (DOPs), las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGPs) de la zona o los propios productos ecológicos son otras vías para lograr el mismo objetivo. Las Administraciones Públicas pueden por tanto fomentar el consumo de productos de proximidad sin gastar un solo euro, contribuyendo además a la mejora de la rentabilidad de los agricultores y al desarrollo y conservación de las zonas rurales.